Toda esta instrumentalización de las instituciones del Estado salvadoreño es parte del plan para asfixiar y callar a todas las voces críticas al Poder por medio de la persecución política a dicha disidencia
Alfonso Fajardo | Abogado y poeta | @AlfonsoFajardoC
En las últimas semanas hemos sabido, de primera mano, a qué se refería el presidente cuando en la rendición de cuentas de sus dos años en la presidencia, frente a la Asamblea Legislativa, dijo que la lucha contra el «aparato ideológico» había iniciado. No es necesario tener una bola de cristal para saber que ese «aparato ideológico» lo podía representar los tanques de pensamiento, las organizaciones de la sociedad civil y el periodismo crítico. Y en efecto, así ha sido. La «lucha» contra ese «aparato ideológico» se ha traducido, en la práctica, en la persecución política contra abogados, y en la expulsión del editor del periódico digital El Faro.
En cuanto a los abogados se refiere, el primero de los casos constituye una burda instrumentalización de la Fiscalía General de la República para construir casos penales en contra de la abogada crítica al gobierno Bertha de León. En el segundo caso, la institución instrumentalizada es —ni más ni menos— la Corte Suprema de Justicia misma, que inició un procedimiento sancionatorio en contra del abogado constitucionalista Enrique Anaya por haber opinado sobre la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional el 1 de mayo de los corrientes. Ambos casos son parte de esa «lucha» en contra de lo que el gobierno ha llamado el «aparato ideológico», que no es otra cosa que tratar de callar todas aquellas voces disidentes y críticas al actual gobierno. Lo mismo ha sucedido con el periodista mexicano Daniel Lizárraga, quien bajo la excusa de ausencia de permiso para trabajar en el país, fue expulsado en lugar de haber sido sancionado con una multa, que era la sanción idónea de acuerdo a la misma Ley de Migración y Extranjería, en este caso la institución instrumentalizada fue la Dirección de Migración y Extranjería.
Toda esta instrumentalización de las instituciones del Estado es parte del plan para asfixiar y callar a todas las voces críticas al Poder por medio de la persecución política a dicha disidencia. Los aspectos jurídicos de estos tres casos se pueden debatir a profundidad con el objetivo de identificar de que realmente ha habido una instrumentalización de las instituciones, pero no es el objetivo de este artículo pues entraríamos a valorar argumentaciones jurídicas que no todos comprenderían. Baste mencionar que los tres casos coinciden en una de las fórmulas propias de cualquier sistema autoritario: el uso de la fuerza del Estado para silenciar a quienes considera sus «enemigos».
El Salvador cada vez más se parece a Nicaragua en términos de fórmulas dictatoriales: la persecución a la sociedad civil, a los políticos de oposición y, en términos generales, a los intelectuales que son críticos del régimen. Ahora son periodistas y abogados, mañana quizá sean escritores. O quizás no, porque estos están callados, y en lugar de elevar la voz se encuentran sumamente ocupados dándole la bienvenida a famosos youtubers.
Abrazo tu posición, Alfonso, valiente y necesaria.
Intelectuales críticos del régimen son muy pocos, como Joaquín Villalobos, Dagoberto Gutiérrez, Roberto Pineda y algunos otros, los demás son críticos de la actual administración e inesperados defensores del régimen.