La única ruta posible seguirá siendo la memoria para asirnos a lo propio, señala Marlen Argueta en este texto donde analiza la desmemoria como política de Estado
Marlen Argueta | Investigadora, periodista y gestora cultural
La desmemoria se ha instalado como el discurso oficial de un Gobierno que reniega cada vez más de la historia. A más de tres décadas de la firma de los Acuerdos de Paz, lejos de impulsar una reflexión sobre cómo somos hoy los salvadoreños o cómo nos afectó la guerra, cómo nos impactó el acuerdo negociado, estamos ante un horizonte lleno de aforismos terminantes, característico del autoritarismo y la polarización actual promovida por el Ejecutivo.
Peor aún, nos encontramos con un discurso de confrontación incendiaria basado en el odio acérrimo hacia quien no piensa igual, que se materializa en la actuación de los diputados oficialistas en la Asamblea Legislativa, quienes mediante decretos, intentan deformar el pasado y restar importancia a la firma de la Paz en 1992.
No se trata, entonces, de un simple descuido o de una falta de interés por el pasado. La desmemoria se ha convertido en una forma de ejercicio del poder, en una estrategia política que busca desactivar la crítica, deslegitimar los acuerdos que pusieron fin a la guerra y vaciar de contenido el sentido mismo de la paz. Renegar de la historia no es un gesto ingenuo: es una condición necesaria para justificar el autoritarismo y la concentración del poder en el presente.
Los Acuerdos de Paz no fueron inútiles ni fueron una farsa; dejaron como riqueza la oportunidad de cambiar el país y comenzar la refundación de la democracia. Permitieron el diálogo entre los principales actores políticos después de la guerra: el diálogo como una característica fundamental para la democracia. Después de eso, faltaba la enorme tarea de la reconstrucción del país e incorporar a las mayorías populares a las decisiones trascendentes. Eso no ocurrió.
Crecí en el contexto de la posguerra; no viví el escenario atroz de los años ochenta, pero tampoco viví el escenario esperanzador que suponían los Acuerdos de Paz. A mi generación le correspondió soportar la fragmentación de las familias, la violencia de las pandillas y la profundización de la pobreza a partir del modelo neoliberal instalado con los gobiernos de derecha. Aunque no la viví, creo que la guerra y la paz deben entenderse como momentos de una misma historia trágica, así como la fiebre y la medicina forman parte del proceso de una enfermedad: no como destinos deseables, sino como síntomas y respuestas de una sociedad atravesada por profundas desigualdades. Nuestra enfermedad histórica se llama concentración de la riqueza; abuso del poder; desapego de lo propio; apatía por la convivencia y desdén por la vida.
Los Acuerdos de Paz son el resultado de un ejercicio profundo de diálogo que puso fin a seis décadas de dictadura militar, una dictadura que provocó centenares de violaciones a los derechos humanos. Ese es un logro que siempre debemos conmemorar como sociedad.
Sin embargo, después de más de treinta años de ese hito histórico, la oportunidad de refundación y democracia ha sido dilapidada por la desmemoria y el interés regresivo, pero también por la inercia, por la falta de pensamiento y de acción comprometidos con los cambios estructurales que el país sigue reclamando.
La potencia transformadora de la memoria ha quedado truncada por la ausencia de un liderazgo con visión de Estado. En estas más de tres décadas, ¿cuántas acciones hubo que plantearan y propusieran construir una diferencia real con el pasado? Aunque ha existido democracia representativa mediante procesos electorales, la corrupción no se detuvo, surgieron nuevas violencias, se mantuvo la concentración de la riqueza y, en general, no se desarrolló un proceso de democratización sustantiva que garantizara los derechos fundamentales de una vida digna de vivirse.
Ese interés por la desmemoria ha impulsado hoy la ruptura del orden constitucional, una creciente militarización de la sociedad y una concentración de poder que, con todas sus limitaciones, los Acuerdos de Paz lograron reconfigurar. Lo que nos corresponde actualmente es rescatar la memoria, hablar minuciosamente del presente para que exista material para el análisis. Los pueblos no se construyen con el silencio. Es preciso escarbar en la historia para poner al aire todas sus vetas. Si no se hace, continuaremos sintiendo lo que ahora sentimos: que no tenemos raíces, que somos huérfanos y que todo puede pasar.
Pero la memoria no crecerá como crecen las enredaderas. Hay que organizar ese proceso dialéctico de olvido-recuerdo; olvido-memoria. El país, que se ha negado tan fervorosamente a recordar, tiene que aprender ese arte necesario si no quiere sucumbir ante los embates de la desmemoria, cuyos efectos ya padecemos. Por suerte, la memoria pertenece a los pueblos. En los años por venir, la única ruta posible seguirá siendo la memoria, para asirnos a lo propio y establecer el ejercicio de todos los derechos en condiciones de igualdad para todas y todos.
Pero la memoria no puede reducirse a la conmemoración ni al ritual vacío. Es, ante todo, un campo de disputa política, un territorio en el que se decide qué pasado se recuerda, cuál se silencia y qué sentidos del presente se legitiman. Dejarla en manos del poder o del olvido equivale a renunciar a una de las pocas herramientas que permiten comprender y transformar la realidad.
Hoy, cuando el país vuelve a ser marcado por desapariciones, militarización, pactos opacos y una peligrosa naturalización del poder concentrado, la ruta no puede ser otra que la paz; y cuando se erosiona, paso a paso, el ya frágil e incompleto proceso de democratización que los Acuerdos de Paz hicieron posible, la tarea sigue siendo la construcción de una democracia sustantiva. A más de tres décadas de la firma de los Acuerdos de Paz, la lucha contra la desmemoria no es un gesto nostálgico, sino un imperativo político y ético: sin memoria no hay crítica, sin crítica no hay vida democrática, y sin vida democrática no hay futuro común posible.
Marlen Argueta. Investigadora, periodista y gestora cultural. Con formación en teatro, posgrado en Políticas Culturales de Base Comunitaria y maestría en Estudios de Cultura Centroamericanos, promueve espacios de convivencia y memoria desde el arte. Su trabajo articula investigación, gestión y creación en torno a la cultura viva comunitaria, el patrimonio cultural, los derechos culturales y la memoria histórica como ejes de transformación social.
