Fue Golpe de Estado y esta ya es dictadura

El 1 de mayo se instaló la nueva Asamblea Legislativa en El Salvador, producto de los resultados electorales del 28 de febrero de 2021. El partido oficial y sus aliados, con dispensa de trámite y en la primera plenaria, destituyeron y sustituyeron de un plumazo a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, lo mismo sucedió con el fiscal general. ¿Estamos en una dictadura? Alfonso Fajardo explica por qué sí

Alfonso Fajardo | Abogado y poeta | @AlfonsoFajardoC

Para quienes no se han enterado, para quienes no entiende lo que sucedió el pasado 1 de mayo en la Asamblea Legislativa ni lo que está sucediendo en El Salvador, dos breves afirmaciones: lo que sucedió el sábado 1 de mayo en la Asamblea fue un Golpe de Estado, y a partir de ese momento también se puede afirmar que ya estamos viviendo una dictadura.

Pero ¿por qué afirmo que fue un Golpe de Estado? El Artículo 186 de la Constitución, ese librito que nuestros gobernantes no han leído o no lo han leído bien, establece que la destitución de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia puede proceder si se cumplen ciertas «causas específicas, previamente establecidas por la Ley». Si bien la Constitución no determina cuáles son esas causas específicas, y tampoco existe esa Ley, está claro que por hermenéutica jurídica se debe interpretar que no pueden ser removidos de sus cargos sin que exista causa legal y sin que hayan sido vencidos en un juicio donde se les respete el debido proceso, el derecho de defensa y todas las demás garantías constitucionales y de leyes secundarias. Esto no sucedió el sábado 1 de mayo y, por tanto, la destitución de los magistrados deviene en inconstitucional.

Si tanto eran estorbo los Magistrados para la consolidación del poder hegemónico, nada hubiese costado, ahora que son mayoría en la Asamblea Legislativa, conformar una comisión que analizara las actuaciones de los Magistrados, para que después de una investigación en la que se les hubiese permitido defenderse, a lo mejor hubiesen concluido que existían motivos para proceder con la destitución, pero era más alto el deseo de degollar a todo aquello que consideran «oposición política» que las buenas formas y el respeto al principio de legalidad y a la Constitución misma. Nada de esto sucedió, repito, y esta ausencia convierte el acto de destitución en un Golpe de Estado totalmente consumado. ¿Por qué entonces no procedieron de esta manera? ¿Por ignorancia? ¿Por negligencia? ¿Por mala fe? ¿O porque sabían que si procedían a instalar una comisión no iban a poder probar ante la opinión pública las actuaciones ilegales o las vinculaciones político-partidarias de los Magistados? ¿O por todas ellas a la vez?

Ciertamente que ni los diputados que ahora conforman la nueva Asamblea Legislativa, ni los asesores del Órgano Ejecutivo, son exactamente grandes lumbreras jurídicas y en conceptos básicos que conforman el Estado de Derecho, pero creo que es evidente que la destitución con dispensa de trámite (es decir, sin discusión alguna), es parte del guion donde la mala fe persiste por sobre la negligencia o la ignorancia, pues quizá sabían de antemano que nunca podrían probar, en primer lugar, que las actuaciones de la Sala adolecen de ilegalidad o inconstitucionalidad, y en segundo, que existía vinculación político-partidaria de sus miembros.

La Sala de lo Constitucional solo se ha sujetado a la Constitución misma en sus resoluciones y sentencias, sobre todo en las sentencias durante la pandemia, por lo que era realmente difícil que hubiese sido posible probar esas «causas específicas» para ser destituidos. En fin, como sea que haya sido, bajo cualquier circunstancia está claro que no se siguieron los cauces legales pertinentes para la destitución, por lo tanto, la afirmación de que esto fue un Golpe de Estado, o en todo caso un Autogolpe, no deja duda alguna.

Pero no solamente la destitución es inconstitucional sino también el nombramiento de los nuevos magistrados. El mismo Artículo 186, Inciso segundo de la Constitución, establece el procedimiento único para nombrar Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, estableciendo que «la elección de de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se hará de una lista de candidatos, que formará el Consejo Nacional de la Judicatura». Y como esto tampoco sucedió, entonces el nombramiento de los nuevos y «flamantes» Magistrados también deviene en inconstitucional y es una transgresión más al Estado de Derecho. Es por todo lo anterior que no hay ni deben existir dudas de que lo sucedido el sábado 1 de mayo fue un Golpe de Estado.

Ahora bien, ¿por qué afirmamos que ya estamos en una dictadura? Porque al irrespetar los procedimientos legales de destitución, se cooptó el Órgano Judicial con Magistrados afines y totalmente genuflexos al Órgano Ejecutivo, con lo cual se transgredió el Principio de Separación de Poderes, el cual a su vez conforma una garantía de existencia del sistema de frenos y contrapesos tan necesario dentro de una democracia. Estos conceptos, por cierto, pueden ser muy abstractos para muchos, pero lo cierto es que al dotarlos de contenido nos damos cuenta de la importancia de resguardar las instituciones que a su vez le dan vida a estos conceptos. Diferente hubiese sido si los nuevos Magistrados hubiesen sido elegidos bajo los procedimientos previamente establecidos (Art. 186 Inciso segundo Cn.), pues en este caso nadie se hubiese lamentado de posibles ilegalidades, como sucedió con la elección de diputados del 28 de febrero de 2021, donde muchos lamentaron los resultados, pero nadie acusó a los elegidos de haber ganado quebrantando las leyes o el orden constitucional.

La remoción inconstitucional de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional, y el nombramiento inconstitucional de los nuevos funcionarios, da como resultado, entonces, poner de rodillas al Órgano Judicial con respecto al Órgano Ejecutivo, y al haberse hecho quebrantando la Constitución, deducimos, entonces, que ya estamos en plena dictadura donde la meta es eliminar todo aquél que es identificado como oposición para cooptar todas las instituciones del Estado. Así sucedió en Honduras y en Nicaragua, con matices diferentes, pero con similitudes suficientes como para afirmar que ya hemos empezado a vivir una dictadura cuyos indicios se dieron el 9 de febrero de 2020.