En este artículo de opinión, el escritor salvadoreño Federico Hernández Aguilar señala el desdén del Estado salvadoreño hacia la cultura, simbolizado en dos sucesos recientes: el traslado de los restos de Francisco Morazán y el fallecimiento de la poeta Krisma Mancía
Federico Hernández Aguilar │ Escritor salvadoreño
Los regímenes autoritarios creen tener derecho a reescribir la historia e interpretar su significado colectivo. Inflados hasta la desmesura, los egos tiránicos no solo necesitan cambiar la realidad de un pueblo a su antojo, sino que también pretenden inútilmente controlar el tiempo, confiando en que su arbitrario juicio del pasado perdurará lo suficiente como para moldear la posteridad.
Pero sus esfuerzos son vanos; sus cálculos, absurdos; sus pretensiones, ridículas. El tiempo y los veredictos del porvenir no les pertenecen, aunque tengan en sus manos el poder efímero que les lleva a intentar apropiárselos. Cuando caen sus dictaduras, con ellas cae siempre la narrativa histórica que buscaron imponer.
Hoy está pasando algo así con la imagen del general Francisco Morazán, a cuya trayectoria el gobierno de facto de El Salvador pretende verse asociado. Mover sus supuestos restos del lugar en que reposaron por más de 165 años, sin practicar ninguna experticia que pudiera arrojar transparencia sobre la maniobra y sus resultados, ha sido la peculiar manera que halló el oficialismo para “honrar” al caudillo unionista. Lamentablemente, al no contar con el debido asesoramiento, la ignorancia ha perpetrado en la práctica un nuevo atentado contra la memoria histórica salvadoreña. Y lo ha vuelto a hacer para lucirse delante de las cámaras, en una frágil exhibición de testosterona con sables relumbrosos y coreografía militar de república subsahariana.
Si un genuino fervor por nuestro pasado hubiera guiado sus intenciones, el régimen habría podido enterarse de que todo lo relacionado a los despojos de Francisco Morazán se encuentra, desde hace mucho tiempo, en el fangoso terreno de la especulación, incluso entre historiadores.
Como lo han señalado varios conocedores, existen fundadas dudas sobre qué exactamente había en ese mausoleo que el General tenía levantado en el cementerio de Los Ilustres. Y no solo porque la tumba original fuera profanada en 1863 por un soldado guatemalteco tras la invasión de Rafael Carrera, sino porque los 16 años que transcurrieron entre el fusilamiento de Morazán en San José, Costa Rica, en 1842, y su depósito final en San Salvador, en 1858, documentan numerosos procesos de muy cuestionable técnica forense. En ese largo período se exhumó el cuerpo del caudillo, se cremaron sus despojos, se trasladaron sus cenizas a Puntarenas, se enviaron por barco a Acajutla, se recibieron con cierto desdén por las autoridades salvadoreñas para luego llevarlas a Sonsonate, permanecieron en Santa Ana más tiempo del debido y se movilizaron a Mejicanos y Cojutepeque antes de arribar por fin a San Salvador. Obviamente, con todo lo que sucedió entre la muerte y la sepultura de Morazán, las ocasiones para profanar, perder o sencillamente alterar de manera significativa sus restos mortales fueron numerosas.
Ante semejante relación de hechos, cualquier decisión gubernamental sobre el asunto debió estar precedida de una exhaustiva investigación histórica, sin la cual es imposible saber a ciencia cierta cuál llegó a ser el destino real de las cenizas del líder unionista. Lo que ahora debemos lamentar, si acaso, es la inédita oportunidad que se ha perdido de desentrañar un misterio. Lástima por la biografía de Morazán. Lástima por el trozo de pasado que se nos ha arrebatado, quizá para siempre.
Porque ni la cultura ni el arte ni el patrimonio salvadoreños son objeto de cariño y veneración por parte de quienes hoy ostentan el poder. Por el contrario, desde 2019 el país ha estado viviendo una verdadera tragedia cultural, patrimonial y artística. En qué proporción debemos calcular las pérdidas es todavía incierto.
Se cumplieron ya dos meses del fallecimiento, en circunstancias muy tristes, de la escritora y gestora cultural Krisma Mancía, quizá la voz poética más destacada de su generación y la que mayores recursos expresivos conseguía desplegar en sus magníficos versos, sensitivos y telúricos a la vez. Los que asistimos un rato a despedirla, en su postrera residencia de Olocuilta, pudimos constatar el agobio al que nuestra amiga había sido empujada por las circunstancias, tanto las buscadas como las dolorosamente involuntarias.
Importa aquí recordar que Krisma había sido despedida del Ministerio de Cultura pocos meses antes, atropelladamente, bajo sospechas infundadas y maliciosas, y además padeciendo insuficiencia cardiaca en etapa III y otras enfermedades crónicas. La poeta sabía que aquella arbitrariedad iba a tener duras consecuencias para ella. “No pensé en la injusticia, ni en el hambre que me esperaba o en la muerte sentenciada”, escribió en su cuenta de Facebook. Pero aunque evitara pensar en ello, y mejor recordara los 14 años que dedicó a fomentar el quehacer literario desde el Estado, la verdad es que la sentencia se cumplió, cruelmente puntual. Despojada de su indemnización, no contó con los recursos que hubieran podido salvarla. Así de claro.
Porque en los sistemas con inclinaciones totalitarias las letras, las narrativas históricas y las manifestaciones culturales solo se difunden y respaldan en atención a su valor instrumental, a su mera utilidad política. Así, con la excusa de combatir agendas ideológicas, le ha sido posible al gobierno justificar el despido masivo de músicos, arqueólogos, paleontólogos, gestores, restauradores, biólogos, directores teatrales, historiadores, formadores artísticos y un largo listado de especialistas, en cuya preparación se habían hecho inversiones cuantiosas.
Krisma Mancía no es la única humanista sentenciada a muerte por un régimen insensible e ignorante. Varias decenas de ciudadanos que dedicaron sus mejores días a engrandecer la cultura y el arte nacionales se vieron orillados al mismo desenlace, sin que nadie asumiera responsabilidad alguna por esas vidas arruinadas y esos talentos desperdiciados.
Las advertencias contra la libertad creativa aparecieron temprano y no han dejado de acumularse. Cuando el antropólogo Carlos Bucio fue llevado tras las rejas por leer siete artículos de nuestra Constitución en un centro electoral, o cuando se censuró un cuadro de Renacho Melgar o se prohibió el trabajo literario de Michelle Recinos en una feria de libros, todos los creadores en El Salvador recibimos el mismo aviso: “¡Atención! ¡Cuidado con lo que dicen!”.
Y a la tragedia humana, por supuesto, le ha seguido la debacle infraestructural. Las casas de la cultura están clausuradas en todo el territorio. La Dirección de Publicaciones e Impresos se esfumó entre tinieblas. Nadie sabe dónde se encuentra el valioso acervo de la antigua Biblioteca Nacional, demolida con premura para levantar sobre sus cimientos un edificio que ha alterado la línea arquitectónica del Centro Histórico de San Salvador. ¿Y qué decir de la inestimable colección del Archivo Nacional? ¿Alguien sabe dónde está y en qué condiciones de resguardo y preservación? ¿Qué pasó con los bustos de nuestros creadores que estaban en ese jardín frente al Teatro Presidente? ¿Y cuál fue el destino de los ejemplares que habitaban el Parque Zoológico, hoy también cerrado?
Los pisos hidráulicos del Palacio Nacional, que despertaron la admiración del mismísimo rey de España, don Juan Carlos —me consta—, fueron destrozados y lanzados a un río en una acción barbárica que consternó a quienes conocíamos el valor de aquellas baldosas artesanales importadas de Italia hace más de 110 años. En su lugar, los pisos brillosos de pésimo gusto instalados en el Palacio exhiben la asombrosa estulticia de quien tomó la grotesca decisión.
Es terrible que el Ministerio de Cultura permanezca impávido mientras se demuelen o alteran obras patrimoniales centenarias, o se dejan pasar efemérides —como la del 15 de septiembre de 2021— con más pena que gloria. Es irrisorio que tengamos un titular de la cartera sin las credenciales mínimas que exige el cargo. Es trágico, en fin, que un régimen alérgico a la historia se atreva a tomar decisiones esperpénticas en materias que evidentemente desconoce.
En cuanto a Francisco Morazán, lo más seguro es que su nuevo mausoleo, junto al mancillado Palacio Nacional, no guarde sus restos. Si algo ha quedado sepultado allí, en todo caso, es la vergüenza de quienes ambicionan usurpar un sitio que la posteridad —justa como es— les terminará negando.
Federico Hernández Aguilar. Poeta, escritor, analista político y gestor cultural. Su formación incluye estudios en Ciencias Políticas y Ciencias de la Comunicación. Tiene una especialización en Logoterapia y junto a su esposa dirige una empresa de formación integral, dirigida a familias y corporaciones. Tiene 16 libros publicados y es un reconocido articulista nacional e internacional. Entre los más recientes galardones que ha ganado se encuentra el "Business Leader of the Year" (edición 2020), entregado durante la 28a. edición del World HRD Congress en la ciudad de Mumbai, India. Esta distinción mundial reconoce el aporte histórico de empresarios o intelectuales que se hayan destacado en la defensa de las libertades individuales y la democracia. Ha sido asesor presidencial, diputado y ministro de cultura, todo antes de cumplir 30 años de edad. Durante más de 12 años fue Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Forma parte de Índole Editores y es columnista permanente del periódico disidente 14 y medio .
