Vladimir Amaya reflexiona sobre el silencio como política de Estado y cómo memoria histórica debería ser un campo en permanente resistencia
Vladimir Amaya | Licenciado en Letras y profesor
En El Salvador, el silencio no siempre ha sido ausencia: a veces es una política de Estado. Desde la llegada de Nayib Bukele al poder, la conmemoración de los Acuerdos de Paz de 1992 ha sido progresivamente borrada del calendario simbólico de la nación, desplazada del discurso oficial y, lo que es más grave, erosionada en los espacios educativos. No se trata de un simple cambio de énfasis histórico, sino de una operación más profunda: la reescritura interesada de la memoria colectiva.
La narrativa oficial ha reducido los Acuerdos de Paz a un “pacto entre élites”, un arreglo cínico entre ARENA y el FMLN. Esta lectura, presentada como revelación y desmitificación, peca de absolutista. Porque, aunque los acuerdos fueron, sin duda, un proceso político negociado —como toda salida institucional a un conflicto armado—, también fueron el resultado de una presión social enorme, de un desgaste humano incalculable y de una fe colectiva depositada por campesinos, obreros, estudiantes y comunidades enteras que ofrendaron su vida creyendo que el país podía dejar de matarse a sí mismo.
Reducir los Acuerdos de Paz a un “negocio” es desconocer —o deliberadamente negar— que gracias a ellos se alcanzaron derechos y garantías inexistentes antes y durante la guerra: la desmilitarización del poder político, la creación de una policía civil, la apertura del sistema democrático, el reconocimiento de derechos humanos básicos y la posibilidad, imperfecta pero real, de disputar el poder sin fusiles. Nada de eso fue gratuito ni automático. Todo tuvo como cimiento la sangre y la esperanza de quienes creyeron que la guerra no podía ser el destino perpetuo del país.
Las dictaduras —y las democracias autoritarias en ciernes— no solo controlan el presente: intentan dominar el pasado. Saben que la memoria es un campo de batalla. Por eso no basta con imponer una nueva narrativa; es necesario suprimir la anterior, despojarla de legitimidad, volverla sospechosa, incómoda o ridícula. Cuando un gobierno elimina un hecho histórico de los libros, de las efemérides y del discurso público, no está corrigiendo la historia: está amputándola.
La supresión del tema de los Acuerdos de Paz no es inocente. Un pueblo que olvida cómo terminó una guerra es un pueblo más fácil de convencer de que la violencia es una solución legítima. Un país que desconoce los procesos colectivos que conquistaron derechos es un país más dócil ante su desmantelamiento. La memoria, en ese sentido, no es nostalgia: es resistencia.
Persistir en la memoria no significa idealizar el pasado ni negar los errores del proceso de paz. Significa asumirlo en toda su complejidad, sin caricaturas ni simplificaciones convenientes. Significa recordar que la historia no pertenece a un partido ni a un presidente, sino a quienes la vivieron y la pagaron con su vida. Significa entender que los derechos no nacen de la voluntad graciosa del poder, sino de luchas largas, dolorosas y colectivas.
Cuando un régimen intenta reescribir la historia, el acto de recordar se vuelve subversivo. Nombrar los Acuerdos de Paz, explicarlos, enseñarlos y discutirlos es hoy un ejercicio ético. Porque olvidar, en este contexto, no es una falla de la memoria: es una victoria del autoritarismo.
La historia de El Salvador no empieza ni termina con un solo hombre. Persistir en la memoria es negarse a aceptar que el pasado pueda ser confiscado. Es recordar, precisamente, para que no vuelva a repetirse.
Vladimir Amaya. (San Salvador, 1985) Licenciado en Letras y profesor escalafonado de Educación Media. Ha publicado nueve poemarios y medio, entre los que se mencionan: Los ángeles anémicos (2010), Tufo (2014), Este quemarse de sangres entre lágrimas y excrementos (2017), Pura guasa (2020), Abominación (2021). Fue miembro fundador del taller literario El Perro Muerto. Ha publicado varias antologías de poesía y cuento salvadoreño, así como sus propios libros educativos de acuerdo con los programas de estudio del Ministerio de Educación, los cuales utiliza con sus alumnos. Fue director de la revista Cultura (2016-2019).
