Ante una peligrosa “desmemoria selectiva”, el trabajo por recordar es una tarea política y ética fundamental, señala Erick Tomasino en este artículo donde nos recuerda que la memoria histórica es proceso colectivo de reconstrucción y resignificación
Erick Tomasino | Escritor
En El Salvador, las experiencias que han marcado profundamente a la sociedad no se conservan únicamente en los libros de historia: se reconstruyen, sobre todo, desde las comunidades, en los espacios públicos, en los procesos organizativos y en las distintas formas de expresión colectiva de quienes consideran necesario resguardar, reflexionar y compartir lo vivido.
Las conmemoraciones, especialmente aquellas vinculadas al conflicto armado, funcionan como momentos clave para activar la memoria y profundizar sobre sus causas y sus consecuencias.
La firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) el 16 de enero de 1992, significó un cambio importante en las relaciones sociales y abrió una etapa de participación democrática. Sin embargo, sus efectos no fueron uniformes para toda la población. Durante la guerra, participaron múltiples actores, organizados y no organizados, con intereses diversos y niveles distintos de conciencia política. Por ello, lo alcanzado en los Acuerdos tuvo implicaciones diferenciadas según los sectores sociales y las trayectorias individuales y colectivas.
Ignacio Martín-Baró (1990) al analizar los impactos psicosociales de la guerra, señalaba que estos efectos deben entenderse a partir de ciertas “coordenadas”: la clase social, el grado de involucramiento en el conflicto y la temporalidad, es decir, sus consecuencias a mediano y largo plazo. Desde estas coordenadas es posible comprender las distintas reacciones que emergieron en la etapa abierta tras la firma de los Acuerdos y las profundas marcas que la guerra dejó en la vida cotidiana de la población.
Pese a los esfuerzos actuales de los grupos de poder dominantes, legitimados por un aparato institucional que ha tendido al encubrimiento, al negacionismo o a la tergiversación de los hechos según su conveniencia, la memoria ha sido preservada “desde abajo”. En tiempos de una peligrosa “desmemoria selectiva”, el trabajo por recordar es una tarea política y ética fundamental.
Porque hablar de memoria histórica no es referirse únicamente al pasado. Es hablar de un proceso colectivo de reconstrucción y resignificación de hechos que fueron significativos para una comunidad y que siguen influyendo en la construcción de identidad, cohesión grupal y acción transformadora. La memoria no es neutral: interpela, cuestiona y disputa sentidos.
La construcción de la paz y la preservación de la memoria han sido impulsadas principalmente por las comunidades organizadas.A través de la documentación de testimonios, la creación y resguardo de lugares de memoria, la organización de actos conmemorativos y rituales colectivos, así como la elaboración de propuestas que exigen verdad, justicia y reparación. Dichas comunidades han asumido una tarea fundamental para evitar el olvido y enfrentar la impunidad.
Y es que en esta historia personal y colectiva se han experimentado pérdidas profundas. Como plantea Mauricio Gaborit (2006), la recuperación de la memoria histórica debe tener la intención de reparar el tejido social desgarrado por la mentira oficial, el discurso encubridor y el cinismo político. Sin memoria, no hay reparación posible.
Por otra parte, el silenciamiento oficial no es una posición inocente. Callar es ocultar, y ocultar es ponerse del lado del victimario. En el caso de las instituciones obligadas a garantizar derechos, el silencio va aún más lejos: se convierte en complicidad. Por ello, los sectores populares no reclaman una paz abstracta o meramente simbólica, sino justicia. Y para que haya justicia, es indispensable conocer la verdad.
La postura oficial se ha encargado, de manera sistemática, de ocultar y distorsionar las causas del conflicto armado y los verdaderos alcances de los Acuerdos de Paz. Se insiste en “pasar la página” para reconstruir la sociedad, promoviendo un olvido forzado. Desde esta lógica, se imponen versiones oficiales de los hechos donde predominan la omisión selectiva de acontecimientos clave, la manipulación de las relaciones entre los hechos, la equidistancia, la culpabilización de las víctimas y la justificación de decisiones políticas tomadas por las élites del poder.
Estas narrativas oficiales no solo distorsionan la memoria colectiva, sino que también invisibilizan la acción social de los grupos marginados que han construido y defendido sus propias versiones del pasado. En el mejor de los casos, estas comunidades son presentadas como víctimas pasivas, despojadas de identidad, historia y capacidad de resistencia.
Frente a este panorama, las comunidades organizadas —especialmente en el ámbito rural—, los colectivos de víctimas, los grupos de derechos humanos y las organizaciones populares han desarrollado múltiples estrategias para preservar la memoria. Entre ellas se encuentran la recuperación de archivos escritos, gráficos, audiovisuales y testimoniales; la elaboración de materiales para el intercambio con otras colectividades; la creación de espacios simbólicos; y la organización de actos conmemorativos que denuncian la impunidad y exigen verdad, reparación y justicia.
He tenido la oportunidad de conocer varias de estas experiencias. Resulta significativo observar cómo muchas están conformadas por personas de distintas edades, lo que permite un intercambio intergeneracional de vivencias y aprendizajes. De estos procesos han surgido libros, producciones audiovisuales y obras musicales y de teatro que demuestran que la memoria colectiva no es la simple suma de recuerdos individuales, sino una narrativa compartida que da sentido a experiencias comunes, fortalece la identidad grupal, reconoce las injusticias sufridas y motiva la transformación social.
Sin el trabajo constante de las comunidades organizadas y los colectivos de derechos humanos, la memoria histórica quedaría completamente dominada por relatos distorsionados que responden a intereses de poder. La importancia de conmemorar determinadas fechas posibilita reconocer el papel que jugaron y siguen jugando diversos sectores en la lucha contra las desigualdades y en la construcción de relaciones sociales basadas en la justicia.
Existe, por tanto, la tarea ineludible de articular las distintas subjetividades en torno a la verdad histórica de los hechos, especialmente desde los sectores subalternos. Comprender este proceso es un intento por encontrar caminos que confluyan en la construcción de una paz con justicia. El presente no es resultado de rupturas milagrosas, sino de continuidades históricas que deben ser analizadas críticamente.
Todo balance del pasado puede ser aleccionador e interpelar a la sociedad. Su mayor aporte reside en la construcción colectiva de aprendizajes que permitan identificar los desafíos del presente desde la experiencia acumulada. Esta tarea nos permite estudiar e interpretar ese pasado de cara al futuro.
La memoria no se elimina a base de decretos. La memoria colectiva es un derecho y, como todo derecho, no es un premio concedido desde el poder, es un atributo inherente de los pueblos. Su defensa se disputa permanentemente frente a la amnesia oficial y el olvido impuesto.
Santander, 12 de enero de 2026.
Referencias
Gaborit, Mauricio. (2006). Memoria histórica: Relato de las víctimas. Pensamiento psicológico, Vol. 2. N° 6. pp. 7-20. Cali: Pontificia Universidad Javeriana.
Martín-Baró, Ignacio. (1990). El impacto psicosocial de la guerra. En “Psicología social de la guerra: Trauma y Terapia”. San Salvador: UCA Editores.
Erick Tomasino. (San Salvador, El Salvador, 1982). Escritor, educador popular, investigador social y psicólogo graduado de la Universidad de El Salvador (UES). Ha escrito poesía, relato y ensayo. En los últimos años se ha interesado por investigar y documentar sobre la música popular producida durante el conflicto armado salvadoreño. Algunos de sus trabajos están publicados en su canal de Youtube.
